Los monopolios están prohibidos en México por el Artículo 28 de la Constitución Política de 1917. La reforma de la Constitución en 1982, la inclusión de un capítulo en 1982, la inclusión de un capítulo sobre protección de la competencia en el tratado de libre Comercio de América del Norte y la política de modernización del Estado impulsaron la modificación de la ley.

Esta modificación reitera el error de considerar un excesivo número de elementos subjetivos difíciles de probar dentro de las conductas prohibidas; tampoco precisa con claridad la facultad de ordenar la disolución de los monopolios preexistentes son en México el de la televisión y el de la cerveza, además de los que se originaron en las privatizaciones de monopolios (teléfonos ) u oligopolios (bancos) estatales.