Cualquier aspiración seria de justicia debe contar con herramientas jurídicas que concreten la esencia de ese cometido. La ausencia de instrumentos legales o su falta de idoneidad impide avanzar más allá del discurso dogmático y mantiene sólo un muy alto nivel de abstracción que no permite descender a una justicia cotidiana, que es la que importa al común de la ciudadanía, tornando ilusoria aquella primera intención. La existencia de estos instrumentos, funcionando a manera de "portales" -según la concepción de Habermas- hace de tamiz para el trasiego jurídico desde estratos jurídicos superiores, hacia otros ámbitos en los que prima la legalidad objetiva y debe concretarse el ideal de justicia. Los procedimientos administrativos son ejemplos de esos portales y constituyen el objeto de estudio que sostiene la presente obra. En ella, se les propone como una parte fundamental del bagaje legal que es necesario para construir, revisar, ejecutar o legitimar decisiones de Administración Pública que afectan esferas de derechos. De tal manera que, si desde el principio de legalidad se propende a la actuación pública administrativa ajustada a la norma y con el debido proceso se tutelan derechos, con las formalidades esenciales del procedimiento se atiende a optimizar la capacidad defensiva y con la motivación se exige dar razón objetiva de las consideraciones que se formuló la autoridad para justificar sus decisiones. De ahí la importancia de lanzar una mirada crítica sobre las estructuras procedimentales con las que se deja noticia del cómo se decide en lo público. Estos valores jurídicos están hoy en desarrollo en el ámbito internacional para fines similares a los que cumplen en los Estados nacionales, por lo que es importante abordar su estudio, verificar su evolución y el impacto que están generando en lo local.