En un intento de conseguir que la prisión no fuera la principal respuesta a la delincuencia, el Código penal español de 1995 aumentó el elenco de penas alternativas a la prisión. A pesar de ello y de posteriores reformas en la materia, desde la década de los ochenta la población reclusa en España no ha cesado de aumentar. Ello es debido en parte a que las penas alternativas no parecen ser una respuesta convincente para determinado tipo de delincuentes.

Este libro aborda los aspectos normativos de las penas comunitarias desde una perspectiva europea, algunos problemas relacionados con la supervisión judicial de las mismas y con la formación de los profesionales responsables de su aplicación, así como el contenido de estas sanciones penales tal como es vivido por los propios penados. Se intenta trasladar así la experiencia europea de que las penas alternativas provistas de una adecuada supervisión por parte de la Administración y los jueces pueden ser una respuesta a muchos delincuentes hoy innecesariamente encarcelados.