Un supuesto paradigmático que se introdujo en el Sistema Procesal Penal Mexicano, con la reforma de 2008, en materia de seguridad y justicia, se encuentra en los criterios de oportunidad, que entrañan una figura procesal sin registro en nuestro sistema jurídico y que, a grandes rasgos, materializa las exigencias derivadas de los principios de mínima intervención, de acceso a la justicia, así como de utilidad y humanidad de las penas, entre otros presupuestos de un procedimiento penal característico de un Estado social y democrático de Derecho. No obstante, esta figura jurídica desata polémica, no solo entre los estudiosos del Derecho, sino entre la población en general, lo que obliga a analizar tanto los posicionamientos, principios, criterios, tendencias o elaboraciones teóricas y jurídicas que entran en pugna con la aplicación de los criterios de oportunidad, como la base dogmática, garantista y jurídica que les dan cobijo o que los justifican desde el punto de vista del Estado de Derecho, por lo que se ofrece un análisis crítico, objetivo y propositivo de la regulación de los criterios de oportunidad que, al mismo tiempo destaca las fortalezas y virtudes, y puntualiza las desventajas e inconvenientes que generan incertidumbre jurídica o en el mejor de los casos, poca claridad en su empleo.