Por así establecerlo la Constitución Federal, hasta antes de abril de 1990, las funciones electorales se tenían que prestar de manera obligatoria y gratuita. Sin embargo, como consecuencia de las polémicas elecciones federales celebradas en 1988, el Estado mexicano tuvo la necesidad de crear una nueva organización electoral conformada tanto por ciudadanos capacitados para desempeñar una labor temporal y no gratificada por ejemplo, funcionarios de casilla, como por personal calificado y remunerado, especializado en la materia, que contrarrestara la improvisación con la que se había trabajado hasta entonces. Las reflexiones que conforman este libro giran alrededor de la relación jurídica de dicho Instituto con sus trabajadores.

Antes de estudiar la problemática relativa a la estabilidad en el empleo de estos servidores, el autor hace una revisión del origen, la estructura y los principios rectores de las actividades del IFE, para después detenerse de manera puntual en la normatividad que regula el juicio para dirimir los conflictos laborales y el órgano competente para resolverlo; y encuentra en aquél un requisito de procedibilidad que, desde su punto de vista, es contrario al derecho de una administración de justicia pronta y expedita.