La exclusión de la prueba ilícita en materia penal es indispensable para un juicio justo, esto es, para dar seguridad a los derechos fundamentales del procesado y para la integridad del debido proceso. Asimismo, significa una garantía implícita en el sistema de los derechos fundamentales de prevalencia en un Estado constitucional de derecho. La controversia se suscita cuando en la norma fundamental de un país, la protección de un derecho afecta o transgrede a otro, es decir, cuando hay una colisión de derechos.

La presente obra analiza la regulación de la prueba ilícita y expone los efectos de su prohibición. Además, revisa las repercusiones que conlleva una regulación estricta de la prohibición de la prueba ilícita en una sociedad con altos índices de criminalidad, en la que el Estado debe actuar responsablemente para combatirla. También estudia el papel de los funcionarios judiciales en esta cuestión, debido a que sus resoluciones deben ser coherentes con los procedimientos democráticos y al margen de cualquier arbitrariedad.

Desde una vertiente garantista, el tema se torna estricto y no existe otra respuesta, sino prohibir los elementos de prueba que no se apegan a la norma jurídica. Al menos ésa es la solución que se visualiza correcta, en principio, en un Estado de derecho. En otro peldaño se ubica la búsqueda de la verdad material cuando aparece como un objetivo central del procedimiento y los operadores del sistema tienen que proceder para demostrarla. De esta manera, surge la tensión entre los dos propósitos del sistema penal vigente en nuestro país.