La protección de testigos frente a la criminalidad organizada no queda exenta de valoraciones críticas, siendo que no se concreta a una estrategia policial o de seguridad, pues también afecta a los derechos fundamentales de contenido procesal que deben ser reconocidos a toda persona sometida a la acción de la justicia penal. En este caso, se hace una ponderación de intereses que termina decantándose por la restricción de derechos, sin que ello arroje soluciones de hondo calado frente a una delincuencia cada vez más organizada. La construcción de estos esquemas de arbitrariedad se debe a la tendencia bipolar que ha venido mostrando la Comunidad internacional, pues, a la vez que fomenta el respeto de los derecho humanos, concede su vulneración en el contexto de la persecución penal de esta clase de delincuencia asociativa.