El sistema jurídico mexicano ha experimentado durante los últimos años un proceso de cambio sin precedentes, derivado de la aprobación de tres grandes reformas constitucionales: 1.- La Reforma Penal, publicada el 18 de junio de 2008; 2.- La Reforma de Juicio de Amparo, anunciada el 6 de junio de 2011; y, 3.- La Reforma de Derechos Humanos, divulgada el 10 de junio de 2011; reformas que quedaron consagradas con la promulgación y entrada en vigor tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales, como de la Nueva Ley de Amparo.

De las anteriores reformas, se desprenden dos puntos importantes, en lo relativo al juicio de amparo, tenemos su consagración como la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad. Mientras que en lo relativo al nuevo sistema de justicia penal, la posibilidad de que sea despresurizado, a través de procesos simplificados y especiales, como lo son las soluciones alternas y formas de terminación anticipada, figuras procesales de especial importancia para el éxito del sistema.

La conceptualización de temas tales como el juicio de amparo, la procedencia del mismo, los principios del nuevo sistema de justicia penal, así como de las soluciones alternas y formas de terminación anticipada, nos permiten conocer e identificar cuáles determinaciones tomadas en el proceso penal acusatorio y bajo qué condiciones, pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo para así dar cumplimiento a una tutela judicial efectiva.