El juicio de amparo es, sin duda, el pilar fundamental del sistema de control constitucional en México. Desde su origen, concebido por el ilustre jurista Manuel Crescencio Rejón, ha sido reconocido como la principal herramienta de los gobernados para hacer valer sus derechos frente a los actos de autoridad que vulneren la esfera de sus garantías constitucionales. A lo largo del tiempo, este mecanismo ha demostrado su trascendencia y vigencia, convirtiéndose en el último recurso de protección ante abusos y arbitrariedades del poder público. Sin embargo, el avance del constitucionalismo y la creciente influencia de los derechos humanos a nivel internacional evidenciaron la necesidad de una profunda transformacion. Por más de siete décadas, la legislación en materia de amparo permaneció prácticamente inalterada, generando vacíos interpretativos que los tribunales constitucionales mexicanos debían subsanar mediante criterios jurisprudenciales. No obstante, el dinamismo de los derechos fundamentales y los compromisos internacionales adquiridos por México obligaron a una revisión integral del marco normativo.