La situación actual del poder judicial en México es halagüeña, en gran parte debido a que durante el siglo XX se hizo evidente la necesidad de garantías para que el órgano judicial no estuviera sometido, formal o materialmente, a los designios de los demás órganos del poder público. Necesidad que se desprendía de la evidente sujeción que caracterizó al régimen presidencialista del Estado mexicano durante más de seis décadas, contadas a partir de la fundación del partido hegemónico.

Aunado a lo anterior, la doctrina constitucional y administrativa no hizo mayor caso a la institución, tanto en el ámbito federal como local, lo cual se tradujo en pocas innovaciones en el diseño institucional judicial frente a las numerosas modificaciones que experimentaron los órganos ejecutivo y legislativo, relacionados con su estructura y atribuciones. Por ello, en esta nueva etapa constitucional y ¿democrática? del Estado mexicano, debería ser cuestión capital responder a dos preguntas, tratándose del Poder Judicial: ¿cómo finalizó el siglo XX?, ¿cómo inicia el siglo XXI?