La incorporación del Derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habilitó la imperiosa deliberación nacional sobre el contenido y las obligaciones de garantía, protección, respeto y promoción de los derechos políticos, culturales, sociales y económicos en el siglo XXI. Las grandes transformaciones y retos globales han dado forma a una nueva era constitucional con innumerables desafíos; por ejemplo, la protección del derecho humano al medio ambiente sano en un contexto de emergencia climática, la garantía de los derechos de acceso a internet en la era de una sociedad hiper tecnológica en constante evolución, y la protección del derecho al desarrollo en una coyuntura de crisis de alcance global asociada a una profunda situación de desigualdad social y económica. Por ello, al amparo de las grandes transformaciones con alcances locales y globales, el Senado de la República tiene una función estratégica para impulsar una agenda constitucional moderna así como los cambios legislativos necesarios para fortalecer y consolidar el sistema de derechos y transitar de una aspiración teórica a su realidad cotidiana.