En 1591, el rey Felipe II requirió la contribución de sus súbditos en las Indias para la creación de una armada que se encargara de defender los navíos españoles de los ataques de corsarios y enemigos del Imperio español. También advirtió el desorden y el exceso habidos en la distribución de tierras en los virreinatos indianos. Para recaudar recursos y poder fundar la armada, el rey demandó de los poseedores de tierras la exhibición de sus títulos y, en caso de no contar con ellos o de presentar anomalías, les exigió pagar por el derecho a su regularización. Desde entonces, la metrópoli puso en marcha un programa dirigido a sus territorios en ultramar a fin de regularizar la posesión del suelo productivo. El monarca deseaba que, al igual que sus flotas, su política agraria llegara a todos los rincones del Imperio.

Esta obra abarca tres siglos de historia de la propiedad en distintas provincias de América y de Filipinas que estuvieron bajo dominio del Imperio español y de la Monarquía portuguesa.