El procedimiento abreviado se puede entender como un instrumento procesal de gran utilidad y eficacia para la economía de recursos humanos y materiales tanto del órgano jurisdiccional, como del Ministerio Público, de la víctima u ofendido, como del imputado y su defensa, pues mediante su aplicación resulta posible la terminación rápida de las causas penales, esto mediante la verificación de los requisitos procesales exigidos para ello y el dictado de una sentencia de condena respecto del imputado, de tal suerte que el Ministerio Público logra que el imputado sea condenado por haber cometido un delito y en consecuencia se haga merecedor de una pena, el imputado y su defensa, logren una disminución de la pena en proporción a si el caso hubiese sido resuelto en su contra en juicio oral, la víctima u ofendido se ve reconocida con tal carácter, además que se le garantiza el pago de la reparación del daño, en tanto que la autoridad judicial concluye una causa de manera rápida, lo que le permitirá descongestionar el aparato judicial.