Según el consenso, en las pasadas décadas México logró transitar exitosamente de un régimen autoritario a un régimen democrático gracias a la introducción de elecciones confiables. Creemos, sin embargo, que este tipo de conclusiones se suelen expresar sin mucho sustento empírico. Para estudiar los límites y defectos de tal transición y sacar conclusiones sobre la supuesta calidad democrática del régimen, en este trabajo nos preguntamos si con la presunta transición democrática existió un cambio fundamental en la forma como trabajan las instituciones encargadas de ejecutar los procesos de persecución, detención y enjuiciamiento criminal en la Ciudad de México. Para responder la pregunta de investigación se realizará un análisis histórico del periodo 1993-2018, poniendo especial atención en la evolución institucional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La principal conclusión es que, a pesar de la introducción de elecciones competidas, no se transformaron significativamente los procesos de procuración de justicia en la Ciudad de México: en el sistema penal se siguen vulnerando rutinariamente derechos humanos, la corrupción sigue jugando un papel determinante y la impunidad sigue siendo generalizada. Se transitó, así, a un arreglo político en que las clases altas tienen más privilegios institucionales y las clases bajas menos derechos que los permitidos por la Constitución.