Hace casi un siglo, los legisladores mexicanos incorporaron a nuestro sistema jurídico una figura importada del derecho anglosajón a la que se le dio el nombre de fideicomiso, con el propósito de perfeccionar el sistema bancario mexicano y disponer de un mecanismo flexible el cual permitiría “que las operaciones financieras y comerciales se hicieran sin las trabas del derecho tradicional”. En sus orígenes, las operaciones de las instituciones fiduciarias se circunscribían a la administración de capitales y a la representación de obligacionistas y tenedores de bonos hipotecarios; ahora, la flexibilidad de dicha figura le ha permitido ampliar de manera sustancial su campo de aplicación. Debido a su gran utilidad, a menudo el fideicomiso ha sido empleado en las más diversas operaciones financieras, económicas, mercantiles, turísticas, industriales, empresariales e incluso familiares, lo que ha provocado cierta complejidad en su concepción y funcionamiento; por tradición el gobierno mexicano lo ha usado para impulsar y apoyar financieramente a distintos sectores productivos del país, dando lugar a que los fideicomisos públicos sean considerados, a partir de 1976, como una forma de entidades paraestatales, es decir, como unidades auxiliares del Ejecutivo federal enfocadas a atender las actividades prioritarias señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales e institucionales. Actualmente, las instituciones fiduciarias celebran cada año miles de operaciones de esta naturaleza; sus patrimonios se calculan en billones de pesos. Esta obra puesta al día trata de las operaciones fiduciarias denominadas comúnmente “cerradas”, que realizan las instituciones bancarias, financieras y auxiliares del crédito; asimismo, se reserva el último capítulo para los fideicomisos gubernamentales, tanto los que tienen estructura orgánica como los que carecen de ella. Se dirige al personal de las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, los notarios, los corredores, los despachos de abogados y de contadores, los asesores financieros y los agentes inmobiliarios, así como, desde luego, a quien constituye la semilla del conocimiento jurídico: el estudiante de derecho.